Columna: El Observador
por Billy Montañez
En las últimas semanas, la comunidad agraria de Ensenada, Playas de Rosarito y San Quintín ha sido sacudida por una creciente preocupación. Desde ejidatarios hasta avecindados y abogados especializados en derecho agrario han levantado la voz para denunciar una serie de prácticas autoritarias y abusivas por parte de la nueva titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, Reynalda Merchant Aguilar, quien asumió su cargo hace aproximadamente dos meses. Lo que debía ser un cambio para mejorar la impartición de justicia agraria en la región ha desembocado en una cadena de episodios de maltrato, falta de sensibilidad y un profundo desconocimiento de las realidades del campo.
Desde su llegada, Merchant Aguilar ha desplegado una actitud prepotente, caracterizada por constantes gritos y descalificaciones hacia el personal del tribunal, a quienes acusa sin pruebas de corrupción. Este comportamiento no solo afecta la moral interna, sino que genera un ambiente tóxico que dificulta el desarrollo de las funciones jurisdiccionales. La magistrada no se ha limitado a acusaciones sin fundamento, sino que ha transformado sus audiencias en espacios de coerción, presionando a los campesinos para que denuncien a los empleados del tribunal, bajo la insólita premisa de que todos, sin excepción, han sido parte de actos corruptos. ¿Dónde quedan los principios de imparcialidad y justicia cuando una autoridad acusa sin pruebas ni investigaciones previas?
El panorama se torna aún más preocupante cuando observamos el trato que la magistrada brinda a los campesinos y sus abogados. En lugar de buscar el bienestar de los justiciables, Merchant Aguilar ha optado por humillar a los demandantes por el simple hecho de haber tardado en llevar sus casos ante el tribunal. Los culpabiliza por no actuar con prontitud y desacredita los planteamientos legales, culpando abiertamente a sus abogados, a quienes tilda de incompetentes. Este tipo de acciones no solo generan un clima de desconfianza entre los campesinos, sino que pone en riesgo su derecho fundamental a una defensa justa y digna.
El desprecio de la magistrada no solo es hacia el personal del tribunal o los campesinos, sino que se extiende a la propia historia institucional del tribunal agrario. Desde 1992, este órgano ha trabajado con magistrados que, a pesar de sus aciertos y errores, han intentado mediar en un contexto siempre complejo. Sin embargo, para Merchant Aguilar, todos sus predecesores fueron incompetentes y corruptos, y ahora, bajo su mandato, los juicios serán más largos, según ella, para revisar "con lupa" cada caso. ¿Acaso esto no es una amenaza directa a quienes buscan resolver sus conflictos agrarios de manera justa y oportuna?
En lugar de facilitar las soluciones, la magistrada sugiere que las partes en conflicto arreglen sus diferencias fuera del tribunal, bajo la advertencia de que, si no lo hacen, les irá mal en las sentencias. ¿Dónde queda el papel del tribunal como mediador y garante de los derechos de los campesinos? Además, su postura en contra de las inmobiliarias ejidales refleja un desconocimiento o, peor aún, una indiferencia hacia la realidad agraria. No se trata de alentar la venta indiscriminada de tierras, sino de reconocer que muchos campesinos se ven obligados a vender debido a las dificultades económicas que enfrentan. En lugar de imponer su visión sobre qué deberían hacer con sus tierras, la magistrada debería buscar mecanismos para fortalecer la productividad agraria y apoyar a los ejidatarios en sus decisiones.
Uno de los agravios más visibles ha sido el desconocimiento del libro de registro de abogados, un sistema que lleva más de veinte años en funcionamiento y que facilita el desahogo de las audiencias, permitiendo que los abogados acreditados presenten su número de registro en lugar de sus documentos originales en cada audiencia. Sin embargo, Merchant Aguilar ha decidido invalidar este mecanismo, exigiendo cédulas profesionales o títulos originales, lo que no solo es una gestión impráctica, sino que también genera retrasos y burocracia innecesaria. Los abogados, quienes ya han acreditado su profesionalismo a través de este sistema, ahora son sometidos a un trato indigno y arbitrario.
Las restricciones impuestas a los acompañantes de los campesinos en las audiencias al no permitirles el acceso, a pesar de que la ley establece que estas deben ser públicas, es otra muestra del abuso de autoridad que caracteriza a esta magistrada. ¿Cómo es posible que una persona que debería garantizar la transparencia y el acceso a la justicia se dedique a limitar los derechos de quienes más necesitan apoyo?
En resumen, la magistrada Reynalda Merchant Aguilar ha demostrado, en sus pocos meses al frente del tribunal, una falta de empatía, respeto y conocimiento de las dinámicas del campo y la justicia agraria. Su prepotencia y abuso de autoridad no solo violan los derechos humanos de los campesinos, sino que ponen en entredicho la legitimidad del Tribunal Agrario como una instancia de solución justa y equitativa de controversias. Es urgente que las autoridades competentes intervengan y tomen cartas en el asunto antes de que la justicia agraria en Ensenada se deteriore aún más bajo el mandato de esta magistrada.
Comments